El otro día se habló de la energía geotérmica en Chile. Ahora se habla del futuro del país en cuanto a energías renovables.
Se ha desarrollado un estudio, donde se demuestra que la incorporación de energías renovables redujo el coste del sistema eléctrico. Además, supuso un ahorro del 11 % en el costo operacional del Sistema (SIC). Las alternativas renovables no convencionales que actualmente entregan energía al SIC son principalmente mini hidráulicas, biomasa y energía eólica.
La búsqueda de electricidad eficiente y limpia abrió la puerta para que las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) aumentaran la participación en el sistema chileno y, con ello, que hubiera una oportunidad de negocio para empresas e inversores.
Los chilenos tienen la posibilidad de mitigar los precios de la electricidad, incrementando la oferta de generación de electricidad, pero se encuentra amenazada por una creciente judicialización de los procesos que conducen a aprobar esos proyectos.
Por otra parte, el Parque Eólico de Chiloé se ha paralizado por la Corte Suprema, fundándose en que ese proyecto no ha dado cumplimiento al Convenio de la OIT. Asimismo está el proyecto HidroAysén, que a pesar de haber logrado la aprobación ambiental para sus centrales, se enfrenta a un difícil panorama ante el anuncio de judicialización que tendrá el tendido eléctrico necesario para llevar la energía generada por ellas hasta los centros de consumo.
Además existe la dificultad para desarrollar proyectos mineros o energéticos que ponen en riesgo el desarrollo del país que todos desean ya que supone un nivel de progreso social.
La respuesta a esa pregunta concierne a los ciudadanos, a todos, pero primariamente a las autoridades políticas, técnicas y judiciales. Si se ahogan las fuentes que permiten dar mejores condiciones de vida a la población -como parece ser el caso-, ¿cuáles son entonces las modificaciones razonables a la institucionalidad que es necesario introducir para no frustrar las expectativas de esos mismos ciudadanos?
Chile se encuentra ante una encrucijada en la que necesita resolver, con mirada hacia el futuro, sobre la mejor manera institucional de procesar las causas que afectan a todo el país, frente a aquellas que sólo afectan a ciertos grupos de personas.
