En noviembre se hizo un estudio indicando que existe una extensión de 34.765,50 hectáreas en la provincia de Burgos BOE y se extiende desde el Valle de Mena a Treviño, pasando por La Lora, Valle de Sedano y la comarca de la Bureba. Los dos primeros permisos llegaban hace apenas dos meses para investigar en Junta de Traslaloma y en Quincoces de Yuso.
Para extraer el gas residual y no convencional que guarda el subsuelo hay que perforar a gran profundidad e inyectar a presión con determinados componentes químicos que provocan la rotura del terreno, fisurándolo y dejando que escape el gas atrapado que es recogido y extraído a la superficie. En ocasiones, para producir la salida de gas hay que realizar pequeñas explosiones en el terreno.
Fracturación Hidráulica en España
- Fracturación hidráulica
Asimismo no se requiere una declaración de impacto ambiental para los proyectos de investigación. A pesar de que ya se han concedido al menos dos permisos de investigación, sobre la extracción de gas de pizarra por medio de la técnica conocida como ‘fracking’ o fractura hidráulica.
A fecha de hoy, al menos son tres los ayuntamientos de la provincia que han puesto reticencias a esta técnica extractiva y en una decena más se han celebrado asambleas informativas para dar a conocer el método y las consecuencias de la fractura hidráulica.
Y los primeros ayuntamientos en oponerse han sido Valle de Tobalina y Traslaloma; el primero de ellos, en una sesión de Pleno celebrada el 26 de abril rechazó los permisos. El Consistorio, una vez informado y estudiado la llamada fractura hidráulica para la obtención de gas y, viendo los posibles efectos nocivos para el medio ambiente, «acuerdan oponerse a las prospecciones para la investigación».
Es el primer revés serio para la empresa extractora. Otros ayuntamientos como Vilviestre y Junta de Traslaloma también lo han rechazado. Y un día antes, Valle de Mena acordaba exigir a la Junta garantías medioambientales ya que se ponen en peligro los acuíferos de la comarca.
Pero otros muchos consistorios de todos los colores políticos han expresado su malestar y su escasa información acerca de las consecuencias de la fractura, caso de algunos de la comarca de La Bureba.
Llama mucho la atención a los alcaldes que no se requiera una declaración de impacto ambiental para los proyectos de investigación, puesto que se puede producir una alteración importante del terreno.
Las consecuencias de esta técnica, según los contrarios a este método, son la contaminación de las aguas tanto por la inyección de productos químicos, como por la eliminación del líquido residual tras su empleo, más y la alteración de la estructura del terreno.
El periodo de vigencia de los permisos es de cuatro años. La licencia la tiene la mercantil Trofagás que en este año adquirirá, recopilará, reprocesará y reinterpretará la información existente y disponible de sísmica 2D de cada zona, al tiempo que se le otorgará el permiso para la ejecución del primer y segundo pozo. Ese año, la inversión estimada asciende a 12.037.500 euros, si se obtiene el permiso para iniciar el primer pozo antes del final del año.
El segundo año realizará la perforación, estimulación por fractura y los test de producción de los pozos abiertos y el permiso para sendos tercero y cuarto, con una inversión no inferior a 14.037.500 euros.
El tercer y cuarto año ejecutará una inversión de 16.650.000 euros y 18.650.000 euros respectivamente.
El grupo parlamentario socialista pedirá a la Junta que desvele su posición respecto al sistema de extracción de gas no convencional mediante fractura hidráulica en la Comunidad. Así, la portavoz socialista de Fomento y Medio Ambiente, Ana Muñoz de la Peña recordaba que se trata de una técnica de extracción que supone inyectar una gran cantidad de agua con productos químicos tóxicos que pueden contaminar el aire, el suelo y el agua». Y añade que los tóxicos presentes en la mezcla de líquidos inyectados «pueden llegar a los acuíferos de agua potable y a los ríos»-
